Desde la EPE indicaron el impacto del hurto sobre la red eléctrica: “Cada robo de esta magnitud implica una fuerte sobrecarga en la red, generando bajos niveles de tensión y cortes. Asimismo, la manipulación de electroductos de forma ilegal puede generar graves accidentes como incendios, explosiones o descargas, provocando importantes lesiones e incluso la muerte”.
Marcucci recordó que cada irregularidad detectada es llevada a la Justicia para su sanción: “Según el Código Penal, el hurto o manipulación de energía eléctrica puede tener una pena de prisión, además de las restituciones y recargos económicos por hurto o estafa”. Además, el funcionario recordó que se encuentra vigente el sistema de denuncias anónimas: “Contamos con una vía de recepción de denuncias anónimas sobre irregularidades en el servicio. Se puede comunicar al 0 800 555 0083, en la oficina virtual de la empresa, a través de la web oficial, www.epe.santafe.gov.ar/?denunciafraude y también a denuncias@epe.santafe.gov.ar”.
Auditoría y transparencia
Días atrás la firma pública dio a conocer detalles de la auditoría realizada sobre el periodo 2020-2023 en la que detectaron pérdidas mensuales por hurto de energía por $4.200 millones de pesos, representando un 7,32% del total de la energía operada.
La gestión actual, dependiente del ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia, se propuso modernizar la empresa: “La auditoría identificó inexistencia de visión estratégica, insostenibilidad económica, deterioro en la calidad del servicio, ineficiencia de procesos y falta de innovación tecnológica. Nosotros queremos transformar la EPE y vamos a dejar todo para lograr una empresa eficiente y transparente. Para alcanzar este objetivo, el primer paso es saber dónde estamos parados, qué está mal, y qué debemos cambiar”, concluyó Marcucci.